=La Cámara de Diputados mexicana ratificó esa reforma; Canacintra manifiesta preocupación
Por Juán García Heredia
Luego de que el 25 de febrero de 2025 la Cámara de Diputados aprobó la jornada laboral de 40 horas en México, el sector industrial manifestó su preocupación por esa reforma porque -asegura- carece de un diseño integral que considere el entorno de desaceleración económica que enfrenta el país; incluso, exigió incentivos fiscales temporales frente a esa transición.
Cabe señalar que la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona las fracciones IV y XI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política, para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
Determina que la jornada laboral será de 40 horas semanales. «Por cada seis días de trabajo las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro».
De acuerdo con datos camerales, la jornada laboral de 40 horas a la semana se alcanzará de manera gradual a partir del 1 de enero del año correspondiente: en 2026, la jornada será de 48 horas; en 2027, 46; en 2028, 44; 2029, 42, y para 2030, en 40 horas.
OPINIÓN DE LA CANACINTRA
Por otra parte, al emitir su posicionamiento sobre la reforma constitucional de reducción de la jornada laboral a 40 horas, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) manifestó «su profunda preocupación» ante la aprobación de esa legalización y resaltó que es «una decisión de alto impacto estructural que modifica de manera significativa las condiciones de operación del aparato productivo nacional».
Puntualiza que, si bien el sector industrial reconoce la importancia de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, «advertimos que la reforma -tal como ha sido aprobada- carece de un diseño integral que considere plenamente la realidad operativa de las empresas, la heterogeneidad sectorial y el entorno de desaceleración económica que enfrenta el país».
«El proceso legislativo ha derivado en un cambio que obligará a una reorganización profunda de turnos, procesos productivos y estructuras de costos, generando presiones adicionales sobre la competitividad nacional, particularmente en sectores intensivos en mano de obra y en las micro, pequeñas y medianas empresas que integran las cadenas de valor», advierte la agrupación presidida por María de Lourdes Medina Ortega.
La Canacintra sostiene que cualquier reforma laboral debe basarse en un principio de corresponsabilidad entre Estado, trabajadores y empresas, evitando trasladar de manera unilateral los costos de transición al sector productivo.
Por ello, añade dicho organismo, el sector industrial considera indispensable lo siguiente:
«Diseñar incentivos fiscales temporales para la transición.
«Establecer esquemas de flexibilidad sectorial y gradualidad diferenciada.
«Impulsar programas nacionales de productividad, capacitación y digitalización.
«Reducir cargas regulatorias y costos de cumplimiento.
«Fortalecer políticas de formalización laboral».
Así pues, la Canacintra pide que las autoridades abran un proceso de revisión técnica permanente que permita evaluar el impacto real de la reforma y realizar ajustes regulatorios oportunos, evitando efectos adversos sobre el empleo, la inversión y el crecimiento.